01-09-2017 / 22:50 h EFE

El juez federal argentino Sebastián Casanello citó hoy a declarar a una veintena de imputados en la causa que investiga si hubo sobreprecios y sobornos en la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras, en el marco de las concesiones a la constructora brasileña Odebrecht.

Según explicó la agencia estatal de noticias Télam, entre la veintena de citados a indagatoria se encuentran el extitular de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) Carlos Ben, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Benito Roggio.

La Justicia argentina investiga la supuesta implicación de la constructora brasileña en irregularidades y pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El 21 de junio el fiscal argentino Federico Delgado pidió que 29 exfuncionarios y empresarios declaren ante el juez en la misma causa por presuntos delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles como trabajadores del Estado.

En ese expediente, Delgado pidió que se investigaran los pormenores en torno a la ampliación de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA.

Por otro lado, en otros expedientes se investiga la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.

La firma admitió el pasado diciembre haber pagado en el país alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que puede salpicar tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.

No obstante, hay una causa que afecta al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por presuntos sobornos en 2013, antes de ocupar el cargo.

El pasado 16 de junio, la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, y su par en Brasil, Rodrigo Janot, acordaron crear un equipo conjunto de investigación, formado por fiscales de ambos países, para investigar en forma conjunta las causas sobre la concesión de obra pública otorgada a la constructora Odebrecht.

 
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