17-07-2017 / 13:41 h EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado hoy la necesidad de reformar la "más que centenaria" Ley de Enjuiciamiento Criminal que, a su juicio, está "exhausta", tiene "insuficiencias flagrantes" y está "alejada del modelo europeo".

Catalá ha apostado por una "reforma integral" de esta ley, asunto "largamente demorado", pese a que existe un "consenso generalizado" porque el contenido del texto actual es "de difícil y compleja aplicación".

Según ha resaltado, la mayor parte de las fuerzas políticas llevan en sus programas esta reforma, por lo que "esperemos que sepamos avanzar en esa dirección".

Así se ha expresado Rafael Catalá al inaugurar la tercera edición de encuentro "Una Justicia de futuro", que durante dos jornadas se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Catalá aboga por una "reforma profunda que acabe de una vez por todas con juicios interminables de años y años de instrucción que perjudica la imagen de la justicia".

Pero ha matizado que la reforma "no va de que los fiscales instruyan o investiguen, sino de dejar atrás el actual sistema inquisitivo para implantar un modelo acusatorio dejando todo el protagonismo al juicio oral".

Y también, ha señalado, simplificar procedimientos y recursos para ir a un procedimiento único, ordinario, más garantista y con menos formalismo.

Además, ha considerado que, "en paralelo o dos pasos por delante", es necesario promover una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, adecuándolo a la nueva realidad y desafíos que tendrá por delante la Fiscalía.

Un Estatuto que le dote de potestad normativa, que prohíba las ordenes verbales y que regule el mérito y capacidad para avanzar en la carrera. Según Catalá se trata de una transformación normativa y estatutaria para la que es preciso un alto consenso de las fuerzas políticas y la participación de los propios fiscales.

Por otra parte, Catalá ha considerado necesario una reforma del proceso civil, porque, según ha lamentado, los indicadores de la actividad de la justicia ponen de manifiesto un "bajísimo" índice de ejecución de las sentencias civiles declarativas.

Se debería, según el ministro, prestar más atención a las dificultades que hay en España para ejecutar lo juzgado por los tribunales, ya sea por falta de herramientas o de capacidades para hacerlo efectivo.

También cree que hay que avanzar en el régimen de comunicaciones y notificaciones, porque el actual modelo está "muy superado" por las nuevas tecnologías. "Debemos ser los únicos que mandan telegramas o al funcionario a media mañana a los domicilios", ha señalado Catalá, incidiendo en la necesidad de utilizar las direcciones electrónicas.

Asimismo, cree que se debe avanzar en los sistemas de mediación de conflictos para retirar del ámbito jurisdiccional asuntos de menor cuantía; y también promover en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil la declaración de "inembargabilidad" de ayudas de protección social a personas en riesgo de exclusión.

El ministro también ha hablado sobre la necesidad de continuar con la transformación tecnológica de la Justicia, materia de una "complejidad muy alta". Al respecto, ha valorado que desde que en enero de 2016 se decidió promover la comunicación electrónica en la administración de justicia, se ha producido un "salto cuantitativo y cualitativo significativo", al pasar de 200 millones de comunicaciones a sumar más de 125 millones en solo año y medio.

Y ha hecho hincapié en que el presupuesto del Ministerio aprobado para 2017 tiene un incremento del 7,7 % que se destina fundamentalmente a la inversión tecnológica, que se incrementa casi un 86 por ciento al llegar a los 140 millones de euros.

También ha destacado que esto va a permitir "entrar de manera firme" con la comunidades autónomas en un sistema de gestión procesal común, "en un par de años".

En cuanto a las posibles reticencias de la comunidades que hayan realizado inversiones tecnológicas recientes, Catalá ha explicado que todos los sistema informáticos instalados, "hasta los más innovadores, no tiene capacidad mas allá de unos pocos años".

Finalmente, Catalá ha opinado que los sectores profesionales de la Justicia deben "exigir" a los responsables políticos que promuevan las reformas que necesita la sociedad.

En este sentido, Catalá ha declarado que, pese a lo que puedan reflejar algunas encuestas, no cree que exista un "problema real" de independencia de la justicia.

 
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