26-10-2011 / 0:10: h EFE

Varias organizaciones no gubernamentales expusieron hoy las dificultades del acceso a la información pública en Venezuela en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Asociación Civil Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), entre otros, presentaron las denuncias en una audiencia enmarcada en el periodo de sesiones número 143 de la CIDH.

"Un 84 por ciento de los organismos públicos no responde las peticiones de información y es una situación que dificulta las labores de trabajo en temas de investigación y de la promoción y defensa de los derechos humanos", alegó Carlos Alvarado, representante de Espacio Público.

La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, Carolina Alegrett, explicó que en los últimos años el acceso a las fuentes de información pública oficial se ha obstaculizado a los medios de comunicación independientes.

Al respecto, detalló que sólo entre enero y septiembre de este año se registraron 21 denuncias al respecto.

"Existe una restricción a los espacios de trabajo. Se impide a los reporteros el acceso a determinados entes públicos para el acceso a la información que es de interés para la sociedad, como lo es el Palacio de Miraflores (residencia presidencial)", apuntó.

Pero no sólo hay supresión de las salas de prensa en los edificios oficiales, sino que además se impide al periodista acudir a las oficinas gubernamentales para lograr información, explicó Alegrett.

También subrayó la discriminación del Gobierno venezolano en las convocatorias de prensa para actos oficiales, a las que "solo se permite el acceso de los medios de comunicación del sistema nacional del medio público y a algunos medios internacionales".

Por otro lado, Alegrett denunció la negación al acceso a instituciones de servicio público para los periodistas como pueden ser hospitales, mercados oficiales de alimentos o ferias organizadas por el Gobierno nacional, "a pesar de ser lugares de libre acceso para todo el mundo".

En distintas instituciones, el patrón simplemente consiste en impedir el acceso, expulsar o agredir alegando que para el mismo se necesita un permiso, dijo la presidenta del CNP.

"Estas acciones afectan al control ciudadano, que constituye una garantía del buen funcionamiento de estas instituciones, y afectan a la sociedad en su conjunto al impedir la recepción de información de interés general y diversificada, elemento imprescindible para el desarrollo de la democracia", añadió Alegrett.

Los peticionarios alegaron que en Venezuela aún no existe una ley sobre el acceso a la información, pero sí que la Constitución recoge el derecho de todo ciudadano venezolano al acceso a los lugares públicos.

Los representantes del Estado venezolano no acudieron a la audiencia.

 
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