29-06-2011 / 16:10 h EFE

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Rafael Barón, ha indicado hoy en rueda de prensa que el principal problema en el retraso de los pagos es "casi cultural de España" y que viene desde antes de la crisis, pero que ahora se ha "agravado".

La Plataforma, que reunió hoy a su comité ejecutivo en Santiago de Compostela, presentó un estudio realizado entre enero y febrero de 2011 a sus asociados.

Barón indicó que España es el "país peor pagador", con una media de 98 días en la cancelación de las facturas, especialmente por la deuda de las administraciones públicas, sobre todo de los ayuntamientos.

La Plataforma realizó este estudio para conocer cómo han reaccionado los deudores después de un año desde que se aprobara la ley que regula la morosidad y que estableció, por primera vez, procedimientos legales de cobro.

Según esta ley, el plazo de pago legal para el sector privado es de 85 días, aunque el estudio indicó que la media en 2010 fue de 93 días, 8 días menos que en 2009.

Para el sector público, el plazo legal de pago es de 50 días, aunque en 2010 fue de 157 días, tres días más que en 2009.

"No se cumple la ley", dijo Barón, quien sostuvo que con esta cifra se podría hablar de una "quiebra del Estado de derecho".

Según el informe, el porcentaje de morosidad en España fue de 5,1 % en 2010, un punto más que en 2009 y el doble que en Europa (2,6 %).

El estudio indica además que el 93 % de las empresas conocen la ley sobre morosidad, aunque eso no implica el ejercicio de sus derechos legales para exigir el pago.

Así, por ejemplo, un 78 % de ellas no cobra nunca o casi nunca intereses por la demora, aunque con la ley están facultadas, lo que según Barón incluso podría ser calificado como "competencia desleal con el sistema financiero".

Para el representante de la Plataforma, las cifras evidencian que hay "mucha más sensibilización con los plazos de pago", especialmente de los empresarios privados.

También se refirió a los puntos pendientes que tiene esta normativa, como la subvención que entregaría el Estado a los ayuntamientos para subsanar la deuda histórica, que ascendería a unos 30.000 millones de euros, según Barón.

El presidente de la Plataforma indicó que esto no se aprobó en los presupuestos de 2011 para no aumentar el déficit del Estado, aunque el vicepresidente de la asociación, Josep González, destacó el anunció que se realizó ayer de la inyección de 2.300 millones a los ayuntamientos para pagar a los proveedores en 2012.

Según González, la Plataforma "valora muy positivamente el anuncio", aunque llamó a adelantar la medida, ya que actualmente el "principal problema de las empresas es la liquidez".

Por otra parte, Barón anunció que pronto denunciarán a siete empresas morosas, como les permite la normativa, y que están a la espera de la creación de un observatorio que vele por el cumplimiento de esta ley.

 
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