13-06-2011 / 14:00 h EFE

El pasado 3 de junio, la absolución del Supremo a los dueños de la librería "Kalki" de Barcelona y a los líderes del neonazi Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI) asestó un duro mazazo a los juristas dedicados a la lucha contra el racismo, que vieron tambalearse las causas abiertas contra grupos "skins" o contra formaciones xenófobas como la Plataforma per Catalunya de Josep Maria Anglada.

El Supremo, con el voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta, revocó en su fallo una sentencia pionera de la sección 10º de la Audiencia de Barcelona, el primer tribunal de España que aplicó el artículo 501 del Código Penal, que castiga la provocación del odio racial.

En la sentencia, que absolvió a los líderes de CEI también de asociación ilícita, el magistrado ponente Miguel Colmenero argumenta que la difusión de ideas neonazis y racistas sólo es delictiva cuando crea un "peligro real" que pueda concretarse en actos violentos, una interpretación que juristas consultados por Efe creen alejada de la jurisprudencia europea.

Una semana después, otra sentencia del Supremo confirmó las penas impuestas por asociación ilícita a los líderes de la organización neonazi "Blood Honour", al considerar que en la provocación al odio "basta con que el mensaje se difunda ante una colectividad difusa a través de cualquier medio de comunicación de masas" y excluir de la libertad de expresión una concepción del mundo "con deliberado ánimo de menospreciar o discriminar".

En declaraciones a Efe, el fiscal de Cataluña contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha criticado esa "disparidad" de posiciones del Supremo y ha pedido al alto tribunal que cumpla su función de unificar doctrina y establezca un criterio claro y conforme a la jurisprudencia europea.

"Llaman la atención dos sentencias tan contrapuestas en una semana", ha añadido Aguilar, que cree que la absolución a los dueños de Kalki contradice tratados internacionales firmados por España, así como los principios de la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Comisión Europea contra el Racismo y la Tolerancia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Coinciden con Miguel Ángel Aguilar los abogados Óscar Vicario, que representa a SOS Racismo, y Cristóbal Martell, que en nombre de la comunidad israelí en España presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la absolución de "Kalki", alegando que el Supremo "no puede abrogar con su interpretación lo que el legislador internacional y estatal han establecido" para la persecución del discurso xenófobo.

El voto particular de Martínez Arrieta a la sentencia de "Kalki" sustentará los recursos que las acusaciones presenten ante el TC para que se pronuncie sobre el discurso xenófobo y resuelva si el derecho constitucional a la libertad de expresión ampara los discursos que atentan contra los derechos a la igualdad, la dignidad o el honor, reconocidos también en la Carta Magna.

Martínez Arrieta, evocando la jurisprudencia europea e internacional, concluye que el propio discurso del odio "lleva implícito" el peligro de la materialización de actos violentos contra ciertos colectivos y apunta: "quizá, si se espera a que los destinatarios pasen a la acción, el derecho penal habrá llegado tarde".

Tanto Aguilar como los letrados de SOS Racismo advierten de que las ideas que se propagan en librerías como "Kalki" o "Europa" -cuyo propietario Pedro Varela está en prisión por difusión de ideas xenófobas- son el caldo de cultivo que alimenta la violencia "skin" o racista, por lo que también son perseguibles.

De todas formas, SOS Racismo y el Movimiento Contra la Intolerancia advierten de que el principal problema es la ambigua redacción del artículo 510 del Código Penal y piden su reforma para que se castigue no sólo la provocación sino también la "incitación" al odio, de manera que los tribunales no puedan aducir falta de relación directa entre los discursos y los actos xenófobos.

Son varias las investigaciones judiciales que dependen de la interpretación jurídica de ese artículo, desde las causas contra el abiertamente xenófobo Anglada hasta la que tiene abierta el flamante alcalde del PP en Badalona (Barcelona), Xavier García-Albiol.

 
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