17-04-2011 / 14:20 h EFE

Si bien la necesidad de modificar la Carta Magna no es discutida, ya que el núcleo del texto nace en 1949, durante el régimen comunista, el contenido de la nueva ley fundamental ha sido atacado desde distintos frentes.

La nueva Constitución, que se encomienda a Dios, la Corona de Hungría, el orgullo patrio, la cristiandad y la familia tradicional, es considerada por muchas organizaciones civiles como un atentado a las libertades públicas y como un documento a la medida del conservador Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán.

Con dos tercios del Parlamento bajo su control, no hay duda de que el proyecto saldrá adelante, incluso cuando tanto la oposición socialista, como los liberales y hasta los ultranacionalistas han manifestado su disconformidad.

Los socialistas aseguran que la nueva Constitución recorta las garantías sociales y civiles de los ciudadanos, y su presidente, Attila Mesterházy, habló de "la traición a la República Húngara".

La extrema derecha tampoco la aprobará pero por otros motivos: no fija la prohibición de la venta de suelo húngaro a extranjeros.

La Constitución también ha enfadado a los colectivos homosexuales, que ven que la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer les relega a ser ciudadanos de segundo nivel. Además, la nueva ley fundamental no penaliza expresamente la discriminación por motivos de orientación sexual.

Se trata de una Constitución "arcaizante", aseguró a Efe Péter Krekó, director de investigaciones del instituto "Political Capital", que resalta entre otras cuestiones la limitación de las competencias del Tribunal Constitucional.

El primer ministro asegura que "por fin" el país tendrá una Carta Magna fuerte y "húngara" y ha criticado que el texto actual, aunque enmendado ya durante la democracia, es una creación soviética.

De hecho, las referencias nacionales no faltan. "Hungría, guiada por el ideal de la nación húngara, asume la responsabilidad de todos los húngaros que viven en el extranjero", señala uno de sus pasajes más polémicos, y que ha molestado en países como Eslovaquia, donde viven medio millón de magiares étnicos.

Además, el primer ministro se ha mostrado dispuesto a que observadores externos analicen el texto para certificar que se adapta a los valores de la Unión Europea.

Según una encuesta reciente del Instituto Medián, el 57 % de los húngaros opina que no se debería aprobar una constitución redactada solo por un partido, mientras que el 33 % considera que la mayoría absoluta del Fidesz legitima al Gobierno a someter el texto a la votación del Parlamento.

La Constitución, que entrará en vigor el primer día de 2012, cambiará también el nombre del país, que pasará de llamarse República Húngara a, simplemente, Hungría.

 
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