13-04-2011 / 19:40 h EFE

Es la segunda protesta que llevan a la calle después de que el 25 de marzo pasado se concentraran ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (calle O'Donnell).

Por la mañana, los afectados entregaron 13.000 firmas ante la sede de la Comunidad, que se suman a las 11.000 firmas que ya habían presentado.

Piden la dimisión del gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Américo Puente, por su gestión en la clausura de los tres centros ocupacionales con tan solo "48 horas" de preaviso por motivos de "seguridad".

El 8 de marzo el gerente de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid resolvió el cierre, en 48 horas, de los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad psíquica Magerit, Fray Bernardino -ambos en Carabanchel- y el de Arganda del Rey argumentando "patologías en las referidas construcciones que, aún sin prever riesgo de inminencia apremiante general, desaconsejan la continuidad de la explotación de estos centros".

Por orden de la misma consejería trasladaron, "sin información previa ni planificación alguna", a 300 usuarios con necesidades muy especiales a instalaciones que, a juicio de familiares y trabajadores, son "inadecuadas", masificando, además sus nuevos centros de acogida.

Familiares de los usuarios y trabajadores constituyeron una Plataforma de afectados cuyos representantes llevan más de 35 días encerrados en el centro Magerit para exigir que, en caso de que las reformas de los edificios sean realmente incompatibles con su uso, la consejería promueva "un traslado digno y planificado de los usuarios, buscando centros alternativos donde, de forma provisional, reciban las mismas atenciones en los mismos grupos y con los mismos profesionales con los que tantos años llevan".

La Plataforma ha presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de Incapacidades y el Defensor del Pueblo al objeto de que "se depuren responsabilidades" y "se garantice el cumplimiento de los servicios como se han realizado hasta la fecha".

A instancias de la plataforma, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno regional los detalles sobre las medidas que se hayan previsto adoptar para minimizar los perjuicios a los usuarios a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos e información sobre la posibilidad de utilizar la parte de la instalaciones que garanticen la seguridad o, en caso de resultar imposible, de adjudicar un centro único para atender a los usuarios y profesionales.

 
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