08-03-2011 / 20:50 h EFE

Así lo ha anunciado hoy la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en un comunicado remitido a Efe en el que explica que tras finalizar las obras de mejora en ocho residencias de personas mayores, en las que se han adaptado cerca de 1.000 plazas para personas dependientes, el Servicio Regional de Bienestar Social dará comienzo a la reforma y rehabilitación de los centros de discapacidad más antiguos.

A fin de garantizar la seguridad a usuarios y trabajadores mientras se efectúan las muestras para un estudio que determine las causas de dichos deterioros, el Servicio Regional de Bienestar Social cesará la actividad en estos centros y trasladará a sus 305 usuarios a otros cercanos.

Igualmente, los trabajadores serán reubicados en los centros más próximos sin que implique cambios en la continuidad de las relaciones de empleo existente, ni en el personal laboral ni en funcionarios.

El gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Amércio Puente, junto con los directores de los centros involucrados, ha mantenido hoy reuniones informativas con los representantes de los familiares de los usuarios afectados, así como con los sindicatos, en representación de los trabajadores, para informarles de las labores que se van a hacer en dichos centros y del cese de actividad.

El comunicado coincide con el encierro hoy de una treintena de trabajadores del centro ocupacional Magerit, dependiente de la Comunidad, para impedir su cierre y el de otros tres centros para personas con discapacidades o mayores.

Según han informado los sindicatos UGT y CSIT, la Comunidad de Madrid firmó ayer la resolución de cierre de los centros ocupacionales Magerit y Fray Bernardino, del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Arganda y de la residencia de personas mayores de Carabanchel, al entender que no son seguros debido a su antigüedad.

Los trabajadores y los usuarios de estos centros serían reubicados en otros, según ambos sindicatos mezclando a personas con necesidades muy dispares y ocupando plazas en residencias que deberían destinarse a los beneficiaros de la Ley de Dependencia.

Tras conocer esta decisión, unos 30 trabajadores de los 50 que hay en Magerit han decidido esta mañana encerrarse en el centro "hasta que el Servicio Regional de Bienestar Social garantice una reubicación coherente y documentada".

Uno de los encerrados, Francisco Jiménez Díaz, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de UGT, ha afirmado que "sí existen problemas de seguridad", pero son "solucionables" y no deben implicar el cierre de un centro especializado, cuyos 150 usuarios serán repartidos entre otros centros, rompiendo sus rutinas diarias y mezclándolos con personas de características diferentes.

Además, temen que los trabajadores fijos tendrían que cambiar su lugar de trabajo y los interinos "podrían perder el empleo".

Los encerrados prevén permanecer en esta situación toda la noche, pero volverán mañana a sus puestos de trabajado para no desatender a sus pacientes, ha asegurado Jiménez.

 
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