17-02-2011 / 16:00 h EFE

En rueda de prensa, los secretarios generales de enseñanza de FE-CCOO, José Campos, y FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, el representante de STES.intersindical, Voro Benavent y los presidentes de ANPE, Nicolás Fernández Guisado y CESIF, Eliseo Moreno, han exigido una rectificación del ministerio y las CCAA ante el anuncio de que no habrá oposiciones en algunas autonomías.

Los sindicalistas, que han anunciado posibles movilizaciones, han advertido que se puede incurrir en "fraude de ley" hacia los 60.000 interinos y 250.000 opositores pendientes de esta oferta de empleo público en caso de suspender la convocatoria.

Coinciden en que el anuncio de que no habrá oposiciones en algunas comunidades ha provocado un efecto cascada, como ya se temían y que son varias las autonomías que han anunciado que no tendrán convocatoria.

En el caso de Castilla y León, fuentes de la Consejería han insistido hoy a Efe de que todavía no han tomado una decisión y que apuestan porque en la reunión con el Ministerio prevista para mañana se pueda adoptar una solución entre todas las autonomías.

Si habrá oposiciones en País Vasco (1.515 plazas), Galicia (1.000), Comunidad Valenciana (110), Navarra (147), Cataluña (1.241), Baleares (150), Ceuta y Melilla (11) y Aragón (500), la única que va a cubrir el 100 % de sus necesidades, lo mismo que parece que ocurrirá en Andalucía.

Los sindicatos han incidido en el hecho de que precisamente no se convocan las plazas en el año en que se espera un mayor número de jubilaciones, pues es el último que, en aplicación de la LOE, los profesores se pueden acoger a la jubilación anticipada voluntaria y se recurrirá a los interinos.

No se han tenido en cuenta los costes sociales, "los cientos de personas que llevan años preparándose para concursar a una plaza" y que ahora, además, se verán obligados a acudir a otra comunidad con los gastos que implica, ha señalado Eliseo Moreno de CSIF.

Para Nicolás Fernández Guisado la "excusa" del recorte de gasto público con el que algunas CCAA justifican la decisión "no se sostiene", porque va a provocar más interinos, lo que supone una menor calidad de empleo.

Carlos López Cortiñas ha recordado que desde el 2007 se ha tratado de rebajar la precariedad laboral en el sector y dejarla en torno al 8% y este año van a salir unas 6.000 plazas frente a las 20.000 de los anteriores.

 
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