17-09-2010 / 16:00 h EFE

Según han confirmado a Efe fuentes judiciales, el regidor de Navalcán deberá prestar declaración el próximo martes, día 21, en el juzgado de instrucción número 4 de Talavera de la Reina a petición de Ecologistas en Acción, aunque la fiscalía solo imputa por este caso al arquitecto municipal, Rafael R.M., y el secretario del Ayuntamiento de Navalcán, Vicente J.C.

Cuando el pasado mes de abril, Ecologistas en Acción dio a conocer su denuncia, el alcalde de Navalcán negó que la licencia fuera ilegal, puesto que tenía el informe favorable de la consejería de Medio Ambiente y que tenía la "conciencia tranquila".

Precisó que se remitió el proyecto a la consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y que ésta informó de forma favorable con una serie de "condicionantes", entre ellos que no se deteriorara el entorno.

Además, cuando se concedió la licencia, según Corregidor, no estaba aún la aprobación definitiva de la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) ni la Red Natura, ya que estas áreas fueron reconocidas definitivamente en 2007 y la licencia a la empresa de Eduardo Serra, 'Esersa', para esta edificación se concedió en 2005.

Por su parte los funcionarios municipales están imputados por la fiscalía por un presunto delito de prevaricación por haber concedido la licencia en terreno rústico y, por tanto no urbanizable, a 'Esersa', empresa patrimonial del ex ministro Eduardo Serra, que ostentó la cartera de Defensa en el primer gobierno de José María Aznar y que también fue secretario de Estado de Defensa bajo el mandato de Felipe González.

Según el coordinador de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, la edificación está situada en pleno valle del río Tiétar, cerca de la provincia de Ávila, en concreto en la parcela 20.157 del polígono número 5 de Navalcán.

La "gran mansión, casi un palacete", según Hernández, ocupa una superficie de unos 2.400 metros cuadrados en un enclave natural de una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y área crítica de especies en peligro de extinción de la Red Natura como son el águila imperial y la cigüeña negra.

La investigación judicial se produce después de la remitida por la organización ecologista al fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, que a su vez lo remitió a la fiscalía de Toledo.

En su denuncia inicial, Ecologistas en Acción, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento penal, aportó, entre otra documentación, un escrito de la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha en el que se indica que al carecer Navalcán de un Plan de Ordenación Municipal (POM) Navalcán se rige por las normas provinciales urbanísticas.

Y estas normas, ha explicado Miguel Ángel Hernández, solo contemplan una excepción para construir que es el caso de que la edificación esté asociada al aprovechamiento agropecuario, que no es el caso.

 
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