29-04-2010 / 14:40 h EFE

Los presidentes de ambas asociaciones, Juan Antonio García Casquero (AVT) y Daniel Portero, han anunciado en rueda de prensa que, "con todo el dolor de su corazón" no van a recurrir la sentencia dictada por la sección primera de la sala de lo penal, que han dicho "respetar pero no compartir".

Según ha dicho Portero, en la causa había "pruebas suficientes" para condenar a Martxelo Otamendi, Ignacio María Uria, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga, pero "la voluntad y los criterios de opinión" expuestos en la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Javier Gómez Bermúdez, impiden a las acusaciones populares presentar recurso de casación.

Además, el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha destacado el "riesgo evidente que supone una condena en costas" que, según ha cuantificado, podría a ascender a unos 20.000 euros, así como la complejidad para ganar en casación cuando hay una sentencia absolutoria, lo que les han hecho desistir a las asociaciones en su intención de recurrir.

Entiende el letrado que el único motivo en el que tendría encaje dicho recurso sería basándolo en un error en la valoración de prueba del tribunal, lo que, a su juicio, "es muy difícil" de demostrar porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que para hacer una nueva valoración, la realizada en instancia tendría que ser "irracional", y eso -ha añadido el letrado- es una "tarea ardua".

En cuanto a la causa sobre el entramado económico de "Egunkaria", en la que hay ocho procesados -tres de ellos absueltos en la causa que ha juzgado la vinculación del diario con ETA-, Portero ha dicho que Dignidad y Justicia "seguirá luchando y creyendo" para conseguir que se les condene por delitos de fraude fiscal y falseamiento de las condiciones para la obtención de subvenciones públicas.

"A Al Capone no se le condenó nunca por asesinato sino por delitos fiscales. No quiero hacer una comparación, pero lo vamos a intentar", ha comentado Portero, que ha añadido que intentarán que el coste de los aproximados 60 millones de euros que podría suponer para el Estado el cierre del periódico, sean las multas millonarias que se les impongan a estos ocho procesados, para los que también piden penas de entre 13 y 26 años de cárcel.

Respecto a la posibilidad de que esta causa se envíe a los juzgados del País Vasco después de que la Audiencia Nacional haya determinado que no hay vinculación del diario con ETA, Portero ha asegurado que se opondrán a dicha inhibición pues "la causa lleva 7 años en este tribunal y tiene que juzgarse aquí".

 
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