13-04-2010 / 17:00 h EFE

A esa cifra, se suman las 11.939 personas fallecidas en ese mismo periodo en las prisiones indias, que albergan sólo a unos 360.000 internos (32 presos por cada 100.000 habitantes), en torno a un 70 por ciento de ellos pendientes de juicio.

Las cifras son oficiales, proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dan sólo un atisbo de la dimensión que puede tener el maltrato bajo custodia policial o judicial en la India.

En una rueda de prensa en Delhi, el director del Centro Asiático de Derechos Humanos (ACHR), Suhas Chakma, que presentó los datos, denunció que la falta de legislación permite una "impunidad (que) es la causa profunda del incremento de las torturas" registrado en los últimos años.

La India firmó en 1997 la Convención de la ONU contra la Tortura, pero no la ha ratificado, y desde 1993 viene negándose a permitir una inspección del relator sobre tortura de las Naciones Unidas.

Desde 2008, el Gobierno tiene pendiente de aprobación en el Parlamento de una Ley de Prevención de la Tortura que, según Chakma, no cumple con las exigencias de la Convención de la ONU y debería someterse a un "debate público".

Chakma pidió también al Ejecutivo que asegure la aprobación de la ley este mismo año.

El estudio del ACHR aporta numerosos ejemplos en los que los agentes declaran que el detenido ha sufrido dolores de pecho, un desmayo o un infarto pero las familias denuncian que recibió palizas con cañas de bambú o cinturones.

Los métodos para sonsacar confesiones tampoco son demasiado sofisticados: pegar con cañas de bambú, irritar pezones con puntas de bolígrafo o rociar cuerpos de estudiantes con el chile más picante del mundo (el 'bhut jolokia', que crece en el noreste indio) son algunas de las prácticas que denuncia la ONG citando a familiares y recortes de prensa.

Levantar por las orejas a una niña de ocho años es otra de las crueldades cometidas por la Policía el año pasado, ésta bien documentada porque fue captada por las cámaras de televisión e incluso circula por internet.

Chakma también pidió a las autoridades que tomen nota de las recomendaciones de la Comisión de Justicia de la India para modificar una ley de 1872, heredada del Imperio británico, y tipificar que, en casos de muertes bajo custodia, es la Policía la que debe demostrar su inocencia.

Es "común" que las autoridades no tomen medidas contra sus propias fuerzas del orden, por lo que se debe adaptar el marco legal para que sean los tribunales los que tengan manos libres para hacerlo, pese a que en ocasiones han actuado de oficio y han ordenado indemnizaciones en algunos casos, recordó Chakma.

Los datos aportados hoy no incluyen las muertes de detenidos por el Ejército o unidades paramilitares en zonas de combate contra grupos insurgentes.

Una de las dificultades que la ACHR viene denunciando en los últimos años es el requerimiento legal de permiso previo para procesar a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de tortura, lo que ata las manos al Poder Judicial.

El informe de la ACHR revela que en el año fiscal 2007-2008, 1.789 personas murieron en las prisiones indias y 187 bajo custodia de la Policía, cifra esta última que se redujo a 127 en el año 2008-2009.

En cambio, la organización documentó sólo dos casos de agentes policiales condenados por torturar a detenidos en 2009 y diez de indemnizaciones a las personas o familiares afectados.

 
Noticias relacionadas

PUBLICIDAD
<< >> Febrero 2017
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Búsqueda por días
Introduce la fecha
Lo último...
PUBLICIDAD