14-06-2018 / 12:09 h EFE

El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión semanal de los jueves dos proyectos de Ley, que remite ahora al Parlamento para su debate: el del sistema de Protección Civil y gestión de emergencias y el que permite volver a poner en marcha en la región el Consejo de la Juventud.

También, en el encuentro del Consejo de Gobierno, los consejeros han dado el visto bueno a un decreto que cambia el currículo de Educación Secundaria y Bachillerato para "permitir un mayor espacio de autonomía a los centros" y que "cumplan los requisitos establecidos", según señala el Ejecutivo en nota de prensa.

El objetivo es también, según añade el Gobierno, "permitir la configuración de una oferta formativa adaptada a las necesidades e intereses personales del alumnado".

Respecto a la puesta en marcha tras seis años del Consejo de la Juventud, el consejero del área, Francisco Fernández Mañanes, explicó ayer que con este órgano se pretende recuperar "la interlocución, el diálogo y la conexión con los jóvenes".

Y confió en que el Parlamento de Cantabria apruebe esta futura ley para su entrada en vigor en otoño.

En cuanto a la normativa de Protección Civil y Emergencias, esa futura Ley incluye directrices y mecanismos de colaboración y coordinación con el resto de administraciones y organismos que trabajan en la materia, y recoger elaborar un plan estratégico para mejorar la gestión y el sistema de intervención.

La futura Ley, que cuenta con cinco actuaciones, supone mejorar los sistemas de prevención ante emergencias, determinar los riesgos y posibles amenazas y poner en marcha instrumentos para analizar la información y predecir situaciones peligrosas.

El titular del Gobierno responsable de este área, Rafael de la Sierra, explica que con esta futura normativa se mejorará la seguridad de todos los cántabros y se proporcionará una "rápida respuesta ante cualquier emergencia o catástrofe".

El idea es perfeccionar la anterior Ley, de 2007, tras "años de experiencia y de esfuerzo para combatir las emergencias" y que todas las administraciones trabajen transversalmente con el mismo objetivo, añade Rafael de la Sierra.

También esta normativa cuenta con enfoques en la materia que recoge el sistema nacional de Protección Civil, refuerza el papel del centro de atención del 112, crea un registro de datos sobre emergencias y un sistema integral de vigilancia.

En la reunión del Consejo de Gobierno, se autorizados acuerdos con el Ayuntamiento de Santander para mejorar el empleo de los estudiantes de Formación Profesional, y para recursos educativos con los Consistorios de Cabuérniga, Los Tojos, Mazcuerras, Miengo, Ruente, Udías y Valdáliga.

El Gobierno dio el visto bueno a ayudas para infraestructuras deportivas en Colindres (250.000 euros) y Noja (80.000) y una aportación de 120.000 euros para el Instituto de Hidráulica Ambiental.

Por otro lado, aprobó un protocolo con la Cocemfe y Alsa para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte público y varios contratos, con un coste de 415.730 euros, para impartir un programa de coeducación e igualdad y contra la violencia de género, llevar a cabo la dirección de obras del centro de dependencia de Sierrallana y prorrogar el servicio de gestión, atención al público y desarrolla de educación ambiental.

También ha autorizado un convenio, por importe de 97.623 euros, con el centro nacional de información geográfica para actuaciones dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

 
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