20-05-2018 / 16:29 h EFE

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho comparece este martes en calidad de testigo ante el juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona en el marco de la demanda civil interpuesta por un inversor particular que perdió 28.000 euros a consecuencia de la resolución de la entidad.

La cita llega apenas un mes después de que la titular del juzgado catalán ratificara la utilidad y pertinencia de su testimonio y desestimara el recurso en el que el banquero rogaba que se le eximiera de declarar, ya que su defensa en el caso penal -actualmente instruido en la Audiencia Nacional- podría verse vulnerada.

En un auto conocido el pasado abril, la magistrada daba la razón al demandante, representado por el abogado Felipe Izquierdo, al sostener que Saracho "no puede ser relevado de comparecer", y descartaba la posibilidad de acordar una declaración por videoconferencia en tanto que en este tipo de procedimientos "suele ser habitual la exhibición" de documentos.

Asimismo, desechaba "la concurrencia de las circunstancias excepcionales" a las que refería quien estuviera al frente de la gestión del Popular durante sus últimos 108 días en un escrito en el que aseguraba que el día de la vista no había "medios de transporte" que permitieran su desplazamiento desde Madrid.

Como mencionara la juez, también se practicará la prueba documental, en la que está previsto que se reproduzca el acta del consejo de administración celebrado el 6 de junio de 2017, un día antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.

Un documento en el que, explican fuentes jurídicas, los integrantes del consejo reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales, apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la resolución en España.

Estas mismas fuentes no descartan que Saracho finalmente no acuda a declarar al igual que sucedió en otra vista celebrada hace unas semanas en la Ciudad Condal en la que también había sido citado como testigo; de no asistir, la parte demandante podría solicitar medidas tales como la imposición de una multa.

Precisamente la Fiscalía de Barcelona fue pionera a la hora de defender la competencia de los juzgados españoles para investigar demandas interpuestas por los accionistas del banco, ahora integrado en el Santander tras su compra al precio simbólico de un euro.

En opinión del Ministerio Público, la entidad "proporcionó datos sobre su estado financiero que no se correspondían con el real" en la oferta de la ampliación de capital, en la que "al menos al público en general no se le hizo saber la auténtica situación", en principio "para intentar sacarla (la operación) a flote".

 
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