16-05-2018 / 17:19 h EFE

El Juzgado Contencioso Administrativo ha condenado al Gobierno de Navarra a resarcir por daños y perjuicios a personas con discapacidad que fueron excluidas de las listas de contratación temporal para plazas de conserje de centros educativos, ha informado hoy la UGT en conferencia de prensa.

La demanda, han explicado responsables de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Navarra, fue interpuesta tras una queja al Defensor del Pueblo, cuyo pronunciamiento ignoró el Gobierno, por considerar que se estaba vulnerando el derecho de las personas con discapacidad incluidas en las listas de contratación.

En la queja se exigía que las valoraciones de las personas con discapacidad aspirantes a la contratación temporal las hicieran los órganos competentes en la materia y con capacidades técnicas adecuadas y no el departamento de recursos humanos del propio Departamento de Educación.

José Antonio Albiz, responsable de personal no docente de la FeSP-UGT, ha señalado que en varias ocasiones el Departamento de Educación, a través de su sección de recursos humanos, sometió a las personas con discapacidad igual o superior al 33 % a una valoración de sus aptitudes físicas para la realización de las laborales de conserje.

Para ello, sirviéndose de un cuestionario, la sección de recursos humanos enumeraba las patologías que eran coincidentes con las lesiones y limitaciones de las personas que integran las listas de contratación del turno de discapacidad.

Este cuestionario era enviado desde el Departamento de Educación a los centros que necesitaban realizar la sustitución de alguno de los puestos de conserje.

Los centros, a su vez, rellenaban y devolvían el cuestionario a la sección de recursos humanos, "donde, atendiendo al parecer y el capricho de los equipos directivos de los centros educativos, elegían a la carta el tipo de trabajador con discapacidad que querían que fuese a su centro a trabajar", ha denunciado.

Una vez conocido el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, que corroboraba las denuncias realizadas por el sindicato, las personas afectadas iniciaron, a través de los servicios jurídicos de la UGT, el procedimiento ante el Juzgado Contencioso Administrativo, cuyos fallos se conocieron el 9 de marzo de 2018 y que han resultado firmes.

Esta sentencia afecta a un colectivo de más de 300 personas con discapacidad.

 
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