14-02-2018 / 21:28 h EFE

El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha afirmado hoy que los parlamentarios andaluces "sabían perfectamente" el sistema por el que la Junta daba las ayudas investigadas en el caso ERE y que se pagaban "con primas de póliza" porque no se le ocurrió otra forma de subvencionar prejubilaciones.

Barberá, que fue delegado provincial de Empleo en Cádiz de 1994 al 2004 y viceconsejero del 2004 al 2010, se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación y malversación junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su superior inmediato, Antonio Fernández, y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ha defendido que el objeto de estas ayudas era paliar conflictos laborales ante reestructuraciones y cierres de empresas si bien durante todo el interrogatorio del fiscal, que se ha prolongado durante tres horas, ha insistido en que su concesión y gestión recaía en la Dirección General de Trabajo, que con él ejerció primero Javier Guerrero y desde 2008 Juan Márquez.

A la competencia de éstos se ha remitido cada vez que el fiscal le ha preguntado, mostrándole documentos en los que se le mencionaba o que firmaba él, sobre acuerdos concretos como las ayudas a Altadis o negociaciones con aseguradoras que tramitaban ayudas como Vitalia, ante los que repetía la fórmula "no lo recuerdo".

En otros casos ha restado relevancia a su intervención, como su propuesta siendo delegado de Empleo en Cádiz enviada al viceconsejero -entonces Fernández- para dar una ayuda a la organización de una feria de empleo en el Ayuntamiento de Chiclana en 2003 (siendo alcalde el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios).

O su "visto bueno" a un listado de órdenes de pago de ayudas comprometidas "para dar tranquilidad a IDEA" para pagarlas, si bien ha reconocido que esa lista no iba a acompañada de los expedientes de esas ayudas porque no era "un control" a pagos que autorizaba el director de Trabajo.

Barberá sí ha defendido la legalidad del sistema usado por la Junta para gestionar las ayudas, un convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) que las pagaba con transferencias de financiación de Empleo, ya que ese sistema venía establecido en las "leyes de presupuesto" que "aprobaba el Parlamento".

De hecho ha cuestionado incluso que cuando un informe de la Intervención en el 2005 puso reparos al ver "inadecuado" ese uso de las transferencias de financiación porque "es discutible que un interventor plantee la idoneidad de una ley".

Es una de las veces que ha dicho que "sus señorías sabían perfectamente el sistema" con el que la Junta daba las ayudas porque venía reflejado en los presupuestos.

El fiscal le ha mostrado varias memorias de presupuestos que aluden a "acuerdos" con IFA o IDEA para pagar ayudas ya comprometidas pero sólo en el 2009 se menciona un "convenio vigente en el 2001, si bien a su juicio se sobreentendía porque "acuerdo y convenio son sinónimos".

Al ser preguntado si con esa somera mención alguien ajeno podía saber que se referían a un convenio marco suscrito entre Empleo y el IFA/IDEA para que el ente público pagara las ayudas, ha dicho que esas memorias iban dirigidas a los parlamentarios, que en la Comisión de Empleo se explicaba cada programa y que los diputados podían consultar dudas a la Oficina de Control Presupuestario.

Preguntado por el fiscal José Enrique Egocheaga si se conocía que para pagar las ayudas se firmaban "primas de pólizas de renta colectivas" ha respondido que "lo conocía toda Andalucía porque lo conocían los parlamentarios" como "representantes del pueblo" que además "muy frecuentemente reclamaban ayudas sociolaborales para sus provincias".

Cuando el fiscal le ha insistido en si se conocía no las ayudas sino que se pagaban por pólizas, ha respondido: "Es que no sé cómo se puede acceder a una ayuda de prejubilación si no es mediante la firma de una póliza".

Respecto a que las memorias hablaran de ayudas ya comprometidas y se siguieran dando más, ha justificado que se presentaban situaciones "sobrevenidas" y por ello se hacían "modificaciones presupuestarias", algo "frecuente" en las administraciones que "le causa estupor que se intente criminalizar".

 
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