03-01-2018 / 12:50 h EFE

Baleares es la primera comunidad autónoma en resolver el llamado "efecto 2018", al evitar la caducidad de las concesiones de los puertos de gestión indirecta que implicaba la Ley de Costas de 1988 y al haber finalizado PortsIB la adaptación de todas las instalaciones portuarias a la Ley de Puertos.

Con este proceso PortsIB ha dotado de seguridad jurídica a los concesionarios y ha actualizado los cánones, mejorando los ingresos de la Administración autonómica y permitiendo presupuestar nuevas inversiones, reducir la deuda, y mejorando la calidad de los servicios para los usuarios.

En total, el incremento de los cañones ha supuesto pasar de 124.000 euros de ingresos a 9,87 millones de euros anuales, mientras que la inversión comprometida por los concesionarios en la mejora de las instalaciones portuarias de los puertos de gestión indirecta es de 107.146.627 euros.

Con la nueva concesión al Club Náutico de Can Picafort por 35 años, a raíz de la adaptación de esta instalación en la Ley de Puertos 10/2005, que ha sido aprobada por el consejo de administración de PortsIB, ha finalizado el proceso, ha informado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad en un comunicado.

La concesión del Club Náutico de Can Picafort finalizaba el 30 de junio de 2018, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Costas 22/1988. La concesión actual tiene una superficie de 21.446 m2 en el suelo, 24.120 m2 al agua, y 451 amarres, y tenía un canon anual de 4.128 euros más IVA. El puerto se ha valorado ahora en 3,07 millones de euros y el nuevo canon ha quedado fijado en 153.670 euros más IVA.

Además del canon, el Club Náutico adquiere el compromiso de desarrollar una inversión de 3.444.687 euros, de la que 483.730 euros ya se han ejecutado. Antes del verano, el Club Náutico deberá presentar un proyecto de mejoras a realizar en el puerto.

Entre las actuaciones más importantes que hacer para adaptar la instalación a la Ley de Puertos está la mejora de los trenes de fondeo, de la señalítica, del tratamiento de residuos, de las instalaciones para la enseñanza de la náutica, de la rampa de varada, de la protección medioambiental y la dotación de un servicio de suministro de carburante y de una embarcación para mejorar la operatividad portuaria y para salvamento marítimo.

Además, se prevé la mejora de las instalaciones eléctricas, de los pantalanes, el muelle conocido como "es Mollet", y la adecuación de un espacio de 120 m2 en el contradique para acoger una escuela de vela, con instalaciones de varada propias y custodia de embarcaciones.

Con esta última adaptación, todas las instalaciones portuarias de gestión indirecta de Baleares se han adaptado a la Ley de Puertos de la Comunidad Autónoma, y, por tanto se ha evitado el denominado "efecto 2018", originado a raíz de la aprobación de la Ley 22/1988 de Costas.

Baleares es la primera y única comunidad que, antes de 2018, ha dado solución efectiva al problema de la caducidad de concesiones previstas en la Ley de Costas.

 
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