02-01-2018 / 13:10 h EFE

El ayuntamiento de Bullas estará obligado a abrir un nuevo expediente si quiere resolver el contrato para la mejora de la eficiencia energética suscrito en febrero de 2014 con una empresa que está imputada en el caso Púnica, de presunta corrupción, instruido por la Audiencia Nacional.

Así se recoge en el dictamen que, a petición del consistorio, ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), en el que se señala que el primer expediente que acordó abrir con esa finalidad caducó al transcurrir en exceso el plazo que el ayuntamiento tenía para resolver el mismo.

El informe de este órgano asesor, al que ha tenido acceso Efe, señala que esa caducidad se originó porque cuando el consistorio acordó ampliar el plazo del que disponía para resolver, la misma ya se había producido.

Señala el dictamen del CJRM que en la fecha citada el ayuntamiento de Bullas aprobó el contrato, que tenía como objetivo la mejora de la eficiencia energética del municipio, con una duración de quince años y un precio que se fijó en 238.550 euros anuales.

El mismo fue adjudicado a una unión temporal de empresas formada por "I., S.A." y "Cofely España", esta última, imputada en el caso Púnica.

El acuerdo incluía, entre otras prestaciones, la gestión energética, el mantenimiento y reparación, la realización de inversiones dirigidas al ahorro energético y otros trabajos complementarios.

En mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local acordó iniciar un expediente de resolución del contrato como consecuencia de lo que consideraba incumplimiento de diversas obligaciones por parte del contratista.

Ese mismo mes, la contratista presentó alegaciones y se opuso a la resolución del contrato.

Además, expuso que el ayuntamiento, en noviembre de 2014, le había propuesto que renunciara al mismo al saltar a la luz noticias de Prensa -en relación con Púnica-, "y para evitar rumores o sospechas infundadas que pudieran poner en tela de juicio el buen hacer de esta Corporación".

En el escrito de alegaciones rechazaba los incumplimientos que se le atribuían que, en algunos casos, añadía, no eran debidos al contratista, sino al propio consistorio.

Ahora, por la razón apuntada de caducidad, el CJRM ha comunicado al ayuntamiento que si quiere seguir adelante con la resolución del contrato deberá proceder a la apertura de un nuevo expediente.

Además, le indica que el acuerdo debe ser adoptado por el pleno municipal, y no por la Junta de Gobierno Local, al no ser que se justifique que esta tiene asumida esa competencia.

 
Noticias relacionadas

PUBLICIDAD
<< >> Octubre 2018
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Búsqueda por días
Introduce la fecha
Lo último...
PUBLICIDAD