02-01-2018 / 12:31 h EFE

La Fiscalía pide dos años de cárcel, multa e inhabilitación durante seis años para un guardia civil al que se va a juzgar por un presunto delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos, por su supuesta implicación en unas irregularidades en la concesión de autorizaciones de transportes especiales.

El juicio se celebrará con un Tribunal de Jurado en la Audiencia de Cantabria y, según han informado a Efe fuentes judiciales, está previsto que comience el 26 de febrero, y se ha señalado además para los días 27 y 28 de ese mes, y para el 1 y 2 de marzo.

La Fiscalía de Cantabria acusa al guardia civil de un presunto delito continuado de actividades prohibidas a funcionarios públicos, y solicita una pena de dos años de prisión, 18 meses de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunció públicamente en el verano de 2015 que más de un centenar de transportes especiales de piezas para la construcción del Centro Botín enviadas durante 2014 pudieron realizarse sin permisos por parte de una empresa vinculada al agente encausado.

Llegó a investigarse al antiguo jefe de la Agrupación de Tráfico en Cantabria, que durante la instrucción del procedimiento quedó fuera de la causa.

Este asunto salió a la luz a raíz de un anónimo que recibió la Guardia Civil, que decidió abrir una investigación interna tras recibir el aviso cuyo autor no se identificaba, en el que se denunciaban irregularidades en la concesión de autorizaciones de transportes especiales.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander abrió diligencias y, tras haber concluido la investigación, se ha señalado ya el juicio a partir del 26 de febrero en la sección tercera de la Audiencia de Cantabria.

 
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