03-07-2017 / 17:40 h EFE

Representantes de la sociedad civil de las comunidades con lenguas cooficiales han presentado hoy una iniciativa legislativa popular para blindar los derechos del español en las aulas y en la Administración pública, y que, ahora, deberá recabar medio millón de firmas para llegar al Parlamento.

En una conferencia de prensa, los responsables de la Asociación para la Tolerancia en Cataluña, Galicia Bilingüe y la Fundación Nacional Círculo Balear han asegurado que en las comunidades con lenguas cooficiales, y especialmente en las que representan, empeora la enseñanza del español en las aulas y bajo el paraguas del "trilingüismo o bilingüismo" se esconde el "timolingüismo", por lo que supone de una inmersión absoluta en la lengua regional.

Tanto el presidente de la Fundación Nacional Balares, Jorge Campos, como la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, han indicado que estas plataformas se fusionan, desde hoy, en una nueva entidad "Hablemos español", que pretende "remover" hasta el fondo "la mal llamada normalización lingüística".

Entre las peticiones que defenderá la nueva entidad y que recoge la citada iniciativa legislativa popular, que inicia ahora su andadura para recabar 500.000 firmas, está la posibilidad de estudiar todas las asignaturas en español, también en las comunidades con otra lengua, aprendiendo la cooficial como asignatura.

Conscientes de que van a resultar muy molestos y de que las lenguas hoy son un mero "mercadeo político", el presidente de Círculo Balear ha afirmado que lo que está ocurriendo en España es que bajo el "disfraz" de proteger la pluralidad lingüística lo que se hace es "avasallar" todo lo que tenga que ver con el español.

Campos ha subrayado que se trata de un "problema nacional" y hoy 16 millones de españoles están siendo "discriminados lingüísticamente".

Según ha explicado, esos 16 millones de españoles, que residen en autonomías con lenguas cooficiales, no pueden acceder a la Administración pública en español, ni sus hijos pueden recibir enseñanza en castellano.

Además estas plataformas, fusionadas ahora en una, también exigen ver el idioma castellano en hospitales, documentos oficiales, campañas sanitarias, formularios, impresos, boletines de notas, indicaciones de edificios públicos, señales de tráfico e información turística.

"Queremos que la atención al ciudadano que se haga en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma y que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial", ha dicho Lago.

Ha añadido su deseo de que "no se excluya ni se penalice el español a la hora de solicitar una ayuda pública".

Además, estas plataformas han asegurado estar abiertas a todos aquellos partidos políticos, fundaciones o entidades que quieran sumarse a su iniciativa que, en definitiva, busca la desaparición de los "guetos lingüísticos".

 
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