28-10-2016 / 14:41 h EFE

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará en noviembre a la Comisión Europea el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, que propicia la incorporación a la actividad de agricultores jóvenes y facilita el acceso de las cooperativas agroalimentarias a todas las líneas de ayudas.

Así lo ha avanzado hoy el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, antes de la reunión que celebra en Toledo el Comité de Seguimiento del PDR, en la que se va a aprobar la modificación del programa que lleva un año negociándose con la Comisión Europea.

Martínez Arroyo ha dicho que el programa está "prácticamente cerrado" con la Comisión Europea y que se va "a rematar" en una visita en noviembre a Bruselas.

Del mismo, ha destacado la apuesta por la incorporación de jóvenes agricultores y por las cooperativas agroalimentarias, que van a ser consideradas prioritarias, tanto las propias empresas como sus socios, en todas las líneas de ayudas del PDR.

El consejero ha comentado que "desde el primer día" se ha negociado un documento que está "muy consensuado" y que hoy va a terminar de perfilarse con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA y COAG), con Cooperativas Agro-alimentarias, con la red castellanomanchega de desarrollo rural (Recamder) y con todas las asociaciones que tienen algo que decir en esta materia.

Del documento ha hecho hincapié en dos cuestiones, en la apuesta por la incorporación de jóvenes agricultores, de forma que se aumenta en 31 millones de euros la dotación para propiciar que se incorporen.

Y también en una apuesta muy grande, gracias a una "colaboración leal" entre la Consejería de Agricultura y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, por la integración comercial de las empresas cooperativas.

En este sentido, ha avanzado que está a punto de aprobarse un decreto en el que se define la facturación mínima que tienen que tener las empresas cooperativas resultantes de procesos de integración comercial para ser consideradas como prioritarias.

"Una vez consideradas como prioritarias, tanto las cooperativas como los agricultores y ganaderos socios, van a tener prioridad y más ayuda en todas las líneas del PDR", ha adelantado.

Según Martínez Arroyo, es una medida muy importante, "probablemente la que está esperando el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha", gracias a la que habrá más capacidad de negociación en la cadena agroalimentaria y que permitirá que la renta de los agricultores y ganaderos se incremente.

"Ese es el objetivo, para eso hacemos desarrollo rural, para eso hacemos una modificación del PDR", ha recalcado Martínez Arroyo.

Por su parte, el presidente de Recamder, José Juan Fernández, ha valorado la negociación que se ha venido haciendo durante el último año cuyo resultado ha calificado de "muy positivo".

Fernández ha dicho que el objetivo conjunto de la Consejería y de la red Recamder es que los grupos que la integran sean lo más eficientes posible en cada uno de los territorios.

Hay 29 grupos de desarrollo rural repartidos por toda Castilla-La Mancha, que van a disponer de 130 millones de euros "para poder contribuir al desarrollo rural de los pueblos que más necesitan la ayuda", ha subrayado el presidente de Recamder.

El presidente de Recamder ha mostrado su satisfacción porque habían pedido que los grupos tuvieran una dotación de gastos de funcionamiento suficiente para que puedan ser "los líderes del territorio" y un punto de referencias para las inversiones.

Antes de entrar a la reunión del Comité de Seguimiento, Martínez Arroyo ha hablado con los miembros de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha, que se han concentrado ante el edificio donde se ha celebrado la reunión, porque no han sido invitados a participar en ella a pesar de que son uno de los colectivos más afectados por el PDR.

Al respecto, el consejero les ha recordado que la modificación que afecta a la agricultura ecológica está acordada con organizaciones que la Plataforma no reconoce pero que otros agricultores si reconocen, y que las Administraciones central y autonómica consideran interlocutores válidos, que son las organizaciones agrarias y las cooperativas.

 
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