11-03-2015 / 18:20 h EFE

ualiza la FB3094 con más información sobre la memoria económica)

Madrid, 11 mar (EFECOM).- El Congreso convalidará mañana la nueva ley de Segunda Oportunidad, que incluye varias medidas como la posibilidad de exonerar las deudas a particulares y pymes o la extensión de la deducción de 1.200 euros anuales, el llamado "cheque familiar", y que tendrá un coste para el Estado de 545 millones.

Además, el Gobierno aumenta con la nueva normativa la protección a los colectivos más vulnerables que quedarán excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios y prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios, que vencía en mayo de este año.

La ley también implanta una tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años.

Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro será mayor para los salarios más pequeños.

La nueva tarifa reducida obligará al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y a mantener el empleo generado con los nuevos contratos durante al menos tres años.

La medida estelar permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas de empresas y particulares, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes.

El objetivo es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada, mediante acuerdos extrajudiciales con mediadores que serán notarios o las propias Cámaras de Comercio.

Durante el plazo de estas negociaciones se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.

En este sentido, según la memoria económica del Real Decreto, el Gobierno argumenta que estimulará la actividad económica y hará que gran parte de los deudores decidan abandonar la economía sumergida, "lo que tendrá un impacto positivo para las cuentas públicas".

Añade que el efecto de mejora en los procedimientos preconcursales y concursales, y se verá también reforzado por la mayor productividad con la que operarán un buen número de agentes en la economía.

Además, la mejora del funcionamiento del acuerdo extrajudicial de pagos reducirá la carga del sistema judicial español y fomentará la rápida conclusión de acuerdos de refinanciación entre deudores y acreedores, con el consiguiente impacto positivo en la actividad económica, incide dicha memoria.

No obstante, el Gobierno ha señalado que no quedarán exoneradas las deudas registradas con la Administración Pública, al entender que los créditos públicos "son de todos frente al deudor".

Por otra parte, para evitar el encarecimiento o dificultad de acceso al crédito, la norma limita la frecuencia con que un deudor puede acceder a la segunda oportunidad (cada 10 años)y refuerza las exigencias de buena fe, además de introducir el control jurisdiccional.

En cuanto a la ampliación del cheque familiar, de los 545 millones que supone su implantación, el mayor impacto será el correspondiente a la ampliación de la deducción a las 186.448 familias monoparentales con dos hijos a cargo, que ascenderá a 224 millones de euros.

A continuación está la ampliación de la deducción a los 177.183 contribuyentes que perciben prestaciones por desempleo y que sustenten familias numerosas, monoparentales con dos hijos, o estén a cargo de ascendientes o descendientes discapacitados, lo que supondrá un coste de 213 millones de euros.

El Gobierno no ha indicado qué perdida en la recaudación suponen otras dos medidas como la exención de las rentas obtenidas por los deudores como consecuencia de las quitas y daciones en pago de las deudas y la exclusión de la obligación de declarar de las entidades parcialmente exentas del impuesto de sociedades cuyos ingresos no excedan los 50.000 euros anuales.

Respecto a la bonificación para los trabajadores autónomos que se acojan a reducciones de jornada para conciliar su vida profesional y familiar y contraten a una persona para que les sustituya, se cuantifica en 16 millones si se aplica sobre los 5.700 autónomos personas físicas sin asalariados.

Asimismo, el impacto en las exenciones de las tasas judiciales en el caso de las personas físicas supondría una minoración de los ingresos del 21 %, hasta los 65,1 millones.

 
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