12-10-2014 / 19:00 h EFE

La Fundación Garzón exigió hoy al Estado mexicano cumplir su obligación de proteger a la ciudadanía y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a estudiantes en el estado de Guerrero que "podrían ser crímenes de lesa humanidad.

La Fundación Internacional Baltazar Garzón (Fibgar) expresó en un comunicado su indignación por lo hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre donde fallecieron 6 personas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecidos.

El organismo expresó también su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas "en tan trágicos acontecimientos".

Añadió que esta Fundación ha dado un seguimiento a los hechos y condenó lo sucedido, en particular la participación de agentes del Estado en "las muertes y agresiones, así como en la detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes".

Sentenció que es "imperativo que, frente a estos acontecimientos, el Estado Mexicano cumpla con su obligación de protección de la ciudadanía y descubra y sancione a los autores materiales e intelectuales de lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad".

Así mismo, expresó su preocupación por las investigaciones y la búsqueda de los desaparecidos "no se están realizando con la debida diligencia".

Solicitó al Estado Mexicano esclarecer las causas y los hechos a través de una investigación "imparcial, expedita y eficiente" que garantice el derecho a la verdad sobre los hechos sucedidos.

También pidió que se tomen las medidas necesarias para buscar y localizar con vida a los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos, de acuerdo con los "estándares internacionales en Derechos Humanos a los que está obligado".

Afirmó que mientras no se tenga la certeza sobre su paradero, "seguiremos exigiendo su presentación con vida".

La Fundación también reprobó que la información sobre las fosas clandestinas no se haya ofrecido de manera directa a los familiares y abogados, y que éstos la hayan obtenido a través de los medios de comunicación y "que no hayan tenido información oportuna sobre estos hallazgos".

Además, exigió que el proceso de identificación de los restos se conduzca de acuerdo "a los más altos estándares científicos en materia forense" y que las autoridades competentes eviten volver afectar a los familiares.

Adicionalmente, solicitó que se garantice el derecho de los familiares a contar con peritos independientes que se les proporcione la información necesaria para su desarrollo.

Recientemente la Fiscalía federal informó del hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas, que se sumaron a las primeras cinco, en las cuales se habían depositado los cuerpos de los estudiantes desaparecidos según confesión de uno de los presuntos delincuentes arrestados.

El fiscal federal, Jesús Murillo Karam, aseguró ayer que no se ha identificado ninguno de los restos encontrados en las fosas clandestinas, por lo que no se descarta ni confirma que sean de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.

Esta declaración desmintió al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien horas antes había asegurado que algunos de los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades han arrestado a 34 personas de las cuales 22 son policías municipales, presuntamente vinculados con el grupo Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

 
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