04-11-2009 / 12:00 h EFE

Según un estudio elaborado por su partido, sería necesario contratar unas 782 personas -traductores de catalán y lengua aragonesa- para aplicar la ley, lo que supondría un coste de unos 24 millones de euros, a los que habría que sumar el gasto en cambios de rotulación.

Para Eloy Suárez, según ha dicho a Efe, este "coste económico es disparatado", y que no tiene ningún sentido implantar esta ley en época de crisis.

También ha calificado de "artificial" la lengua aragonesa y ha afirmado que con la aplicación de esta ley "se crea un problema donde no lo hay".

 
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