28-01-2013 / 22:21 h EFE

Durante más de catorce años José Efraín Ríos Montt se hizo elegir de forma consecutiva diputado al Congreso para evadir a la Justicia de Guatemala, que le merodeaba para que respondiera por la sangrienta represión militar que desató durante los quince meses que gobernó de facto el país en los años ochenta.

Este lunes, la historia que quiso olvidar alcanzó al anciano general cuando el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, ordenó sentarlo en el banquillo de los acusados y someterlo a un juicio penal acusado de genocidio y delitos contra la humanidad.

Será el primer proceso por genocidio al que sea sometido en Guatemala un ex alto cargo castrense como Ríos Montt, junto a uno de sus colaboradores, el exgeneral José Mauricio Rodríguez.

También será el primer ex dictador centroamericano en ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

La Fiscalía guatemalteca acusa a Ríos Montt de haber ordenado la matanza de al menos 1.771 indígenas ixiles entre marzo de 1982 y agosto de 1983, como parte de la estrategia de "tierra arrasada" impulsada por el Ejército, del que entonces era Comandante General, para combatir a las fuerzas insurgentes.

Desde 1974, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, este militar retirado de 86 años ha sido uno de los más destacados protagonistas de la vida política de Guatemala.

Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la Presidencia e icono de la brutal represión desata por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

El 23 de marzo de 1982 integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García.

Tres meses después disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército.

Una de sus primeras medidas fue poner en marcha los Tribunales de Fuero Especial, en los que jueces con el rostro cubierto condenaron a muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares de control y represión.

Según diversas fuentes académicas y defensores de los derechos humanos, durante los 15 meses que Ríos Montt gobernó de facto el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noroeste del país, en las que murieron más de 25.000 personas.

El 8 de agosto de 1983 Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.

A finales de 1989 Ríos Montt, junto a un grupo de antiguos militares y políticos de extrema derecha, fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo.

A pesar de que la Constitución guatemalteca prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos a la Presidencia, Ríos Montt logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.

La Justicia empezó a acercarse al general para que respondiera por los crímenes cuando en diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó una querella contra ocho ex altos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.

La denuncia de Menchú por cargos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a trámite por el juez español Guillermo Ruiz Polanco el 27 de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.

Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto, en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional al considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos.

Meses antes, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales guatemaltecos por genocidio contra Ríos Montt y otros militares retirados por las matanzas de indígenas perpetradas por el Ejército.

En enero de 2012, tras cumplir su último período como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para afrontar las acusaciones contra él presentadas en 2007, y una jueza lo incluyó en el proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria.

Este lunes, un año después, el juez Gálvez le concertó una cita con la historia, al ordenar que sea enjuiciado por genocidio y crímenes de guerra, el primer proceso de ese tipo contra un ex alto cargo castrense en Guatemala.

 
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