16-05-2012 / 14:50 h EFE

La Generalitat de Cataluña no permitirá este año, por regla general, alargar la vida laboral de los funcionarios hasta los 70 años y obligará a unos 1.000, que ya han cumplido los 65 a que abandonen la administración, según han informado a Efe fuentes del ejecutivo catalán.

La ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para este año ya cerraba la puerta al personal de más de 65 años a poder optar libremente a prolongar su servicio hasta los 70.

En concreto, la ley de medidas fiscales y financieras, en su artículo 76, modificó la legislación en materia de función pública para estipular que "la jubilación forzosa se declara de oficio cuando el funcionario cumple la edad determinada legalmente".

La ley sigue contemplando la posibilidad de que un funcionario solicite prolongar su permanencia en el servicio activo hasta los 70 años, pero es un "órgano competente" el que acaba decidiendo si se otorga o se deniega la petición.

Puede haber, por lo tanto, excepciones de empleados que vean aceptada su solicitud de permanecer en servicio más allá de los 65 años, pero dada la alarmante situación de las finanzas catalanas, la regla general será asumir las bajas por jubilación correspondientes.

Según las fuentes consultadas, ahora ya hay unos 650 empleados de la Generalitat que superan la edad de jubilación, a los que hay que sumar otros 350 que cumplirán este mismo año los 65 años.

La cifra incluye a personal de todos los departamentos de la Generalitat, así como del Instituto Catalán de la Salud, según han precisado las mismas fuentes.

Ayer, el Govern anunció su tercer plan de ajuste en dos años, que prevé un recorte de 1.500 millones de euros, con la congelación de subvenciones previstas, privatizaciones de empresas públicas, venta de patrimonio de la Generalitat, implantación de una matrícula en la FP de grado superior y la reducción de transferencias a organismos públicos, lo que implicará en algunos casos recortes de plantilla.

Fuentes del Govern han evitado cifrar los despidos que se pueden derivar de esta caída en las transferencias a organismos públicos, ya que en algunos casos puede derivar en un acuerdo entre dirección y trabajadores, para tratar de reducir gastos salariales o cambiar la jornada laboral, a cambio de no tener que rescindir contratos.

Una fórmula de ahorro presupuestario, sin la conflictividad que implica forzar un proceso de despidos en la administración, será no cubrir, en gran medida, las plazas vacantes de los trabajadores que se jubilen este año.

 
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