02-04-2012 / 14:41 h EFE

Saltar sin red hacia lo desconocido, esa es la sensación que tienen los siete ciudadanos responsables de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), registrada unas horas después del nacimiento de este mecanismo que pretende hacer más democrática la toma de decisiones en la Unión Europea (UE).

"La verdad es que ayer cuando estábamos haciendo clic en la página era un poco como lanzar una bomba nuclear", bromeaba hoy en declaraciones a Efe Pablo Sánchez Centellas, uno de los responsables de esta iniciativa, impulsada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés).

Los sindicalistas se han acercado esta mañana a entregar un gran sobre dirigido a la Comisión Europea (CE) y en cuyo dorso, en los sellos, se podía leer "el agua es un derecho", el lema de la iniciativa presentada por EPSU que pide que no se "mercantilice" un servicio que consideran un bien público.

Tras este gesto simbólico se ha puesto en marcha todo un proceso pionero, en el que un grupo de ciudadanos de la UE pide directamente que se legisle sobre un asunto de su preocupación, sin tener que recurrir a políticos o instituciones como intermediarios.

Una vez registrada la iniciativa, la CE analiza si lo que se pide es competencia europea o no y, en tal caso, los ciudadanos tienen luz verde para iniciar la recogida del millón de firmas exigidas -que deben provenir de al menos siete países- para validar la petición en un plazo máximo de un año.

Si lo consiguen, la CE estudiará la petición que le ha sido dirigida y deberá responder en tres meses si propone una nueva legislación comunitaria que refleje las preocupaciones de los ciudadanos o no.

Nada garantiza que lo haga, ni que los ciudadanos queden satisfechos con su respuesta, pero no tendrán derecho a recurrirla.

"Nos lanzamos al vacío, no sabemos cómo va a desarrollarse esto, pero al menos es interesante ver como es una iniciativa de estas características, positiva y ofensiva, y ver qué nos puede dar", señala Sánchez Centellas.

El EPSU pretende mantener el agua fuera de las reglas del mercado interior, parar la liberalización de los servicios hídricos y asegurar el acceso a agua potable de buena calidad a todos los ciudadanos, en palabras de Sánchez Centellas.

"Lo que vemos es que a raíz de todas las medidas de austeridad en España, Grecia, Italia y Portugal, entre otros, es que los servicios hídricos son uno de los objetivos a privatizar", afirma Sánchez Centellas, que pone de ejemplo los intentos por privatizar el Canal de Isabel II de Madrid.

Los sindicalistas apuntan directamente a la Comisión Europea y al Consejo Europeo como parte del problema, ya que consideran que "presionan" a los países miembros para que liberalicen estos sectores.

"Pensamos que el agua es un elemento suficientemente simbólico como para parar este empuje de las instituciones europeas para su liberalización", declaró Sánchez Centellas.

Además, recordó que a día de hoy, un 1 % de la población europea que no tiene acceso a agua, un porcentaje aún mayor si se tiene en cuenta si es potable, por lo que consideró que las instituciones europeas deben tomar cartas en el asunto para asegurar este bien común.

"No hacemos esta campaña en el vacío, pensamos que es una manera de pasar a la ofensiva y de decir a las instituciones europeas que los servicios públicos tienen que estar en manos públicas", declaró Sánchez Centellas.

El sindicalista confió en que lograrán el millón de firmas en menos de un año pese a las "trabas burocráticas" que se crucen en el camino.

 
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