22-12-2011 / 18:30 h EFE

El PSC se ha sumado esta tarde a la propuesta conjunta de ICV-EUiA, ERC, Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y Ciutadans (C's) de llevar al Consejo de Garantías Estatutarias el caso de la retención de la paga extra de Navidad del sueldo de los trabajadores públicos de la Generalitat.

Fuentes del PSC han anunciado en los pasillos del Parlament que su grupo firmará la solicitud de dictamen del decreto ley y otras disposiciones dictadas por el Govern, tras conocerse que a los funcionarios se les ha descontado de la nómina del mes de diciembre la retención de la paga extra de Navidad que no han cobrado, y un 20 % de la cual ha sido aplazada al año que viene.

La decisión del grupo del PSC supone que todos los grupos de la oposición, excepto el PP, cuestionan la legalidad de las decisiones adoptadas por el gobierno de CiU en relación con este asunto, por lo que el Consejo de Garantías Estatutarias, que es el máximo órgano jurídico de la Generalitat, deberá pronunciarse.

El PSC, además, pedirá la comparecencia del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, para que dé explicaciones en el Parlament por este "error gravísimo de gestión de la tesorería de la Generalitat".

Debido a sus problemas de liquidez, el Govern anunció la semana pasada que pagaría el 80 % de la paga extra dentro de una semana, el 28 de diciembre, y que el 20 % restante se abonará seguramente a principios de 2012, medidas que están recogidas en un decreto ley.

El gobierno catalán atribuye las dificultades de tesorería al "impago estatal" a Cataluña de los 759 millones de euros derivados de la disposición adicional tercera del Estatut, y también del hecho de que el anterior Gobierno del PSOE no aportó los 1.450 millones de euros que le corresponde percibir a la Generalitat por el Fondo de Competitividad.

Grupos de la oposición como el de ICV-EUiA consideran que el decreto que afecta a las retribuciones de los funcionarios "establece una especie de estado de excepción de los derechos laborales", porque suspende parcialmente los acuerdos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y contratado.

Solidaritat (SI), por su parte, acusa al Govern de "incautarse de hasta el 20 % del salario de los trabajadores públicos" al suspender "los convenios colectivos" e incumplir la Constitución y el Estatut.

 
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